La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) manifestó su firme rechazo al incremento de hasta 7% en las tarifas anunciado por la plataforma Uber, al considerar que se trata de una decisión unilateral, sin sustento técnico ni financiero, y contraria a los compromisos asumidos por la empresa en el marco de la reciente reforma laboral para plataformas digitales.
Este aumento, implementado apenas 15 días después del inicio del programa piloto obligatorio, incumple lo pactado con la autoridad laboral, ya que las empresas participantes (incluida Uber) habían acordado no trasladar costos a los usuarios ni afectar los ingresos de las y los trabajadores.
La STPS señaló que no existe, hasta el momento, un análisis serio del impacto económico real de la reforma, por lo que resulta injustificable la modificación en las tarifas. Reafirmó que esta política pública tiene como objetivo garantizar derechos laborales y seguridad social a quienes prestan servicios a través de aplicaciones digitales.
Asimismo, la dependencia anunció que, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se implementarán operativos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de sancionar cualquier alza tarifaria que perjudique injustamente a los usuarios y trabajadores.
Finalmente, la STPS hizo un llamado a Uber y al resto de las plataformas a conducirse con responsabilidad social y respeto a los acuerdos establecidos, reiterando que el Gobierno de México no tolerará prácticas que vulneren los derechos laborales ni la economía de las familias mexicanas.
Sin embargo, los trabajadores que operan dentro de estas plataformas digitales se encuentran en una situación de incertidumbre, pues muchos de ellos generan ingresos superiores al doble del salario mínimo, lo que en principio los obligaría a registrarse como personas trabajadoras independientes ante el IMSS. Por otro lado, existe un amplio segmento que solo labora los fines de semana para obtener ingresos adicionales, sin alcanzar siquiera el salario mínimo mensual, por lo que difícilmente podrían acceder a los beneficios del sistema de seguridad social bajo los esquemas actuales.
A esta problemática se suma que los conductores, además de asumir el costo del combustible y el mantenimiento de sus vehículos, deben cubrir de forma personal seguros de responsabilidad civil o de accidentes. Esto refleja cómo, en la práctica, los costos operativos y los riesgos son totalmente trasladados al trabajador, sin que exista una protección efectiva por parte de la plataforma que intermedia la relación comercial.
El caso más crítico es el de los repartidores, quienes diariamente se exponen a riesgos físicos considerables al desplazarse por las calles, y en muchos casos, se trata de personas sin historial bancario ni acceso efectivo a servicios de salud. Esta vulnerabilidad los coloca en un estado de precariedad económica y social, en el que, aun con el esfuerzo diario, no se garantiza una red mínima de protección.
Resolver esta situación requiere un diseño más equitativo del modelo laboral digital, en el que los derechos de los trabajadores no dependan exclusivamente de sus niveles de ingreso o de su regularidad en la plataforma.
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